Marco Legal de la Contraloría Social

La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución, en los artículos:
Art. 6°, base A, fracción I: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública.”

Art. 8°: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición”

Art. 9°: “No se podrá coartar el derecho de asociarse a reunirse pacíficamente o cualquier objeto lícito..”

 

Normatividad Aplicable a la Contraloría Social

  • Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento
  • Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en programas federales de desarrollo social
  • Reglamento interior de la Secretaria de la Función Pública

 

¿Cuáles son sus antecedentes?

A partir de 1991 se inició el Programa de Contraloría Social, en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) a fin de que la ciudadanía beneficiaria participara en forma organizada en la vigilancia y control de las obras y acciones realizadas con recursos federales, y así contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada.

Con la inclusión de la participación social, se inició la tarea conjunta SECOGEF (ahora Secretaría de la Función Pública) Órganos Estatales de Control, de capacitar, difundir y atender quejas y denuncias planteadas por la población beneficiaria, a través de la elección democrática en asamblea comunitaria de un Vocal de Control y Vigilancia, que fuera reconocido por su honestidad, interés en la comunidad, participación activa y responsabilidad; en él recaía la promoción de:

  • La participación de la población beneficiaria,
  • La adopción de elementos básicos de control e información a la comunidad por parte de los comités comunitarios,
  • La vigilancia de los recursos; calidad de los materiales y cumplimiento de la normatividad,
  • La orientación en la presentación de quejas y denuncias.